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Aprobada una resolución de Geroa Bai por la que se insta al Gobierno del Estado a reformar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana

La Cámara considera que se trata de una ley restrictiva de derechos y libertades básicas, con un apartado sancionador desproporcionado e impropia de una democracia avanzada

    Blanca Regúlez Blanca Regúlez

    El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de PSN, EH Bildu Geroa Bai y Contigo-Zurekin y los votos en contra de UPN, PPN y Vox, una resolución por la que se insta al Gobierno de España a “reformar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana vigente, para que sea acorde con la protección del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución española y la legislación internacional, cumpliendo así los compromisos adquiridos para la conformación del actual gobierno de coalición”.

     

    En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. Geroa Bai urge a materializar la reforma de la denominada ley mordaza para, sobre la base del acuerdo alcanzado a final de la pasada legislatura entre PSOE-Sumar y PNV, recogido ahora en la iniciativa registrada por la coalición morada, que concreta así uno de los compromisos plasmados en su Acuerdo de Gobierno con el PSOE, acabar con lo que entiende es una “carencia democrática grave”.

     

    A decir de la proponente, se trata de una ley “restrictiva de derechos (reunión, manifestación) y libertades básicas” (de expresión, información, sindical o de huelga), con un apartado sancionador “desproporcionado”, que elude el debido “equilibrio entre libertad y seguridad”, pone en cuestión el “principio de legalidad” y deja en entredicho la labor “garantista” de las instituciones públicas competentes.

     

    En ese contexto y a propósito de la “regeneración democrática” impulsada desde el Gobierno de España, se alude a las críticas generalizadas que, “no sólo desde el ámbito político, sino también desde organizaciones y entidades como Amnistía Internacional, CEAR, o la Plataforma en Defensa de la Información”, suscita la citada Ley y se insiste en la necesidad de someterla a una “reforma completa”.

     

    Todo, según se precisa, para “alejarse de cualquier tipo de actuación autoritaria, impropia de una sociedad democrática avanzada”, tal y como, a su entender, debe defenderse desde el Parlamento Foral en representación de la ciudadanía navarra.

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