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Blanca Regúlez destaca que la reforma de la Ley de Transparencia “refuerza la calidad democrática y el derecho de la ciudadanía a la información pública”

    Blanca Regúlez Blanca Regúlez

    El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy la Ley Foral de modificación de la Ley Foral 5/2018 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin, y los votos en contra de UPN, PPN, G-Mixto y la parlamentaria no adscrita.

    Durante el debate, la parlamentaria de Geroa Bai Blanca REgúlez  ha valorado positivamente esta reforma, que refuerza el derecho de acceso a la información pública, fortalece el papel del Consejo de Transparencia de Navarra y dota de mayor independencia al registro de grupos de interés.

    Regúlez ha subrayado que “la transparencia no es un elemento más del funcionamiento de las administraciones públicas, sino un principio estructural de la democracia”, ya que permite a la ciudadanía conocer cómo se toman las decisiones públicas, cómo se gestionan los recursos y cuáles son los criterios que guían la actuación de las instituciones.

    Entre las mejoras introducidas, la parlamentaria de Geroa Bai ha destacado el refuerzo del Consejo de Transparencia de Navarra como órgano garante del derecho de acceso a la información pública, fortaleciendo su carácter técnico y su autonomía en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

    Asimismo, la reforma atribuye la gestión del registro de grupos de interés a un órgano independiente del Ejecutivo, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA), con el objetivo de reforzar la integridad institucional y la transparencia en las relaciones entre las instituciones públicas y los distintos actores sociales y económicos.

    Regúlez también ha puesto en valor otras mejoras introducidas en la ley, como el refuerzo del principio de interpretación favorable al acceso a la información pública, la ampliación de las obligaciones de publicidad activa o la posibilidad de que la ciudadanía comunique al Consejo de Transparencia posibles incumplimientos.

    “La información pública pertenece a la ciudadanía y las administraciones son depositarias de esa información”, ha señalado Regúlez, quien ha afirmado que esta reforma “supone un paso importante para avanzar hacia instituciones más abiertas, responsables y cercanas a la ciudadanía”.

    Por todo ello, Geroa Bai ha apoyado una modificación legal que, en palabras de la parlamentaria, “contribuye a reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y a seguir avanzando en transparencia, integridad pública y buen gobierno”.

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