El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves la proposición de ley presentada por UPN con el fin de modificar el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra para que condenados por terrorismo no puedan ejercer como profesores.

UPN registró la iniciativa tras conocerse que un exmiembro de ETA está dando clase en un instituto público de Tudela. La proposición, sin embargo, ha recibido el voto en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, que han recordado que los informes jurídicos de la letrada mayor del Parlamento de Navarra y del Consejo de Navarra cuestionan aspectos de la iniciativa de UPN. Por su parte, PPN, Vox y la parlamentaria no adscrita, Maite Nosti, han dado su apoyo a la proposición.

La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha destacado que la proposición de UPN "tiene el fin loable de proteger a los menores de la Comunidad para que no tengan como docentes a personas condenadas por terrorismo", pero ha considerado que la modificación legal es de "una demagogia y oportunismo político desmesurado". "Tenemos tres informes contundentes de lo servicios jurídicos del Parlamento, de los servicios jurídicos del Gobierno y del Consejo de Navarra. Son contundentes y concluyentes de la falta de constitucionalidad -de la proposición de ley", ha afirmado.

El pleno del Parlamento de Navarra también ha rechazado este jueves una iniciativa de UPN para modificar la ley foral de Subvenciones con el fin de evitar subvencionar proyectos y actividades dirigidas a personas menores de edad que conlleven un trato repetido, directo y regular con menores, así como aquellos que tengan como destinatarios principales a menores de edad, cuando la beneficiaria de la subvención sea una persona condenada por delitos de terrorismo, o cuando lo sea una entidad, empresa o asociación que contrate o subcontrate a una de esas personas para realizar esas actividades o participar en su ejecución.

La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha indicado que UPN no ha defendido "jurídicamente" la ley, sino "desde un punto de vista político, y desde la ética y la moral, la suya". "Ha obviado la vulneración del derecho a la igualdad, a la intimidad, a la protección de datos, a la reinserción", ha criticado, para afirmar que "no estamos en un comité de ética ni de moral".