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Cuentas de Navarra de 2019, Comptos y algo más

Por Mikel Asiain

    Mikel Asiain Mikel Asiain

    El pasado jueves se aprobaron en sesión plenaria del Parlamento las Cuentas Generales de Navarra de 2019; unas cuentas que reflejan un modo de hacer diametralmente opuesto a las de 2015, último año de UPN al frente del Ejecutivo con Yolanda Barcina de presidenta, sobre las que Comptos apuntó que Navarra estaba en auténtico riesgo de insolvencia. Su saldo de tesorería era de menos 238 millones de euros.

    Y en nuestra defensa de esas cuentas, como Geroa Bai, nos basamos en el informe que la Cámara de Comptos había preparado sobre las mismas.

    Había quedado claro ya, una vez más, el pasado mes de diciembre, en los debates sobre presupuestos y sobre las enmiendas a la Ley de modificación de diversas medidas tributarias, que hay dos modelos completamente diferentes de entender tanto los unos, los presupuestos, como la fiscalidad. Dos modelos contrapuestos.

    Y el positivo dictamen de Comptos que, en gran manera, da continuidad a los también positivos informes de los años precedentes, de los años de la legislatura del cambio que lideró Uxue Barkos, no hace sino ratificar, por tanto, una de las maneras de entender la forma para llegar a las Cuentas que ratificamos el jueves.

     

    Comenzaré reseñando dos puntos del Resumen Ejecutivo del informe del ente fiscalizador:

    • El primero apunta que “la situación económico-financiera de la Administración de la Comunidad Foral presenta mejoría en sus indicadores”. Para continuar con una valoración muy cierta, y de la que somos plenamente conscientes: “Asimismo, en este análisis hay que considerar los efectos negativos de la COVID-19 en los ingresos y gastos económicos del 2020, que repercutirán en estos indicadores.”

    Y aquí, apuntamos desde Geroa Bai, las ayudas de Europa van a ser básicas. Nuestra apuesta europeísta fue nítida desde 2015 –frente a la política de UPN de cerrar fronteras-, y ahora se presenta como fundamental. Reivindicamos la co-gobernanza para la máxima eficacia en su gestión. De ahí la importancia de la nueva oficina de Proyectos Europeos presentada el miércoles por la consejera Ana Ollo.

    • El segundo, por su parte, manifiesta que “la carga financiera ha disminuido respecto a 2018 debido, entre otros aspectos, a que en ese ejercicio se llevó a cabo una amortización anticipada significativa. En relación con la deuda a largo plazo, en marzo de 2019 una agencia de rating otorgó a Navarra la calificación de “AA- con perspectiva estable”, nivel máximo permitido teniendo en cuenta la calificación del Estado”.

     

    Proseguía el análisis de Comptos poniendo en valor otros aspectos, como:

    • El superávit presupuestario fue de 149 millones.

    • El remanente de tesorería para gastos generales alcanzó los 139 millones.

    Aquí tengo que recordar el pago del grado –la bonita suma de 72 millones de euros-, realizado de una única vez en noviembre de ese año, desde, precisamente, el remanente, por lo que su resultado hubiera sido mucho mayor de no haberse dado esa circunstancia.

     

    La mera existencia de esas dos cifras tan importantes, tanto la del superávit como la del remanente, indican una muy buena gestión. Fruto de unos presupuestos adecuados. Resultado de unas medidas fiscales convenientes durante los cuatro años precedentes. No sólo viento de popa, empujando, como intentaron justificar desde la bancada de la derecha.

     

    Reseñaré otras observaciones de Comptos porque indican muy a las claras hacia dónde se dirigió el gasto:

     

    • Destaca el gasto en sanidad y en educación con el 25 y el 16 por ciento.

    • Incrementos significativos en algunas políticas como en el acceso a la vivienda y fomento de la edificación, del 24%; y del 23%, en agricultura y ganadería.

    • Los gastos sociales suponen un 56%.

     

    Y demoledor, un auténtico jarro de agua fría para sus mentores, más allá de que éramos plenamente conscientes de su existencia y de lo que supone –un nuevo recordatorio-, el análisis referido a los peajes en sombra, con un cálculo de pagos para el 2020 de 101 millones, y un total de 1.865 millones hasta el vencimiento de los mismos.

    No podemos sino volver a preguntarnos por qué no se optó por el sistema tradicional de financiación, vía préstamo bancario, que hubiera resultado mucho más barato a la ciudadanía navarra. Y ello por quienes siempre se han jactado de ser buenos gestores. ¿Dónde esa buena gestión? ¿O había intereses ocultos en ese sistema de concesión? Porque el funcionamiento de las empresas o fondos que hay detrás es muy claro. Un ejemplo: Autovía del Camino S.A. la gestiona inicialmente con importantes beneficios. Da un pelotazo al venderla a Panther 1 B.V, quien repite la misma historia para venderla a UBS.

     

    Otra importante apreciación al indicar que “destacamos que en 2019 la Administración de la Comunidad presenta por tercer año consecutivo capacidad de financiación (valor positivo), ya que anteriormente había reflejado, necesidad de financiación (valor negativo)”.

    Una cuestión fundamental que plantea es la referida al dato de nuestra deuda sobre el PIB, que se situaba en el 15,7 por ciento, muy por debajo del 17,1 negociado y muy por debajo también del de las comunidades a nuestro alrededor.

    Quiero terminar destacando algo que para Geroa Bai es primordial: “En 2019 la aportación al Estado por el Convenio fue de 548 millones, disminuyendo un diez por ciento respecto a 2015, debido a la actualización de la aportación acordada por ambas administraciones a finales de diciembre de 2017”. Resultado de una negociación de verdad, y no del trágala que eran las “supuestas” negociaciones de los gobiernos precedentes. El Convenio es el pilar de nuestro fuero, y estamos nuevamente en tiempo de descuento para renegociar la base de nuestra aportación. Y nos preocupa, y queremos remarcar una grave amenaza que se cierne sobre la Hacienda Foral. El texto vigente del Convenio recoge que “en cualquier caso, se considerarán como cargas no asumidas por la Comunidad Foral los intereses y cuotas de amortización de todas las deudas del estado”. La devastadora política financiera de los últimos quince años, que han llevado a la deuda pública a cifras superiores al PIB, hacen que el importe de intereses y cuotas de amortización adquiera un enorme peso en el cálculo de la aportación hasta hacerla insostenible e injustificada desde la lógica del Convenio.

    Una aportación que no puede crecer exponencialmente por el mero hecho del gradual e imparable endeudamiento del estado, cuya deuda supera los 1,3 billones, y que supone el 114% del PIB.

    Urge, por tanto, su negociación. No podemos caer en inercia alguna.

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