'El Convenio del cambio'

El Convenio está de moda y es algo para congratularse. Tener en primera línea de debate el pilar principal de nuestro autogobierno, sobre el que se asienta nuestro Estado del Bienestar, es positivo. Y lo es porque nos da la oportunidad de concienciar a la ciudadanía de lo vital que es esta herramienta en nuestro día a día.

Antes de entrar en materia quiero anotar unos breves apuntes de lo que es el Convenio y sus instrumentos. Navarra y el Estado tienen pactado cerrar una aportación fija cada cinco años (quinquenio), liquidando provisionalmente cada año una cantidad con una base que se negocia cada quinquenio. El órgano competente para cifrar esa aportación es la comisión coordinadora que es paritaria (6 personas por cada Administración), y que nos da un ejemplo práctico de lo que es la bilateralidad. Ninguna de las dos partes puede imponer de manera unilateral a la otra una cifra, y aún más importante, en caso de que no haya acuerdo no se puede judicializar el asunto. Son esas doce personas las que deben salir con un acuerdo; nadie más.

Aclarados estos puntos, me parece positivo repasar lo ocurrido en este año y medio de legislatura del cambio, y cómo se deben encarar los próximos meses en los que irá dilucidando el acuerdo sobre la aportación anual.

La legislatura dio comienzo con un acuerdo tácito entre las dos administraciones, foral y central, para tratar de cerrar los flecos del anterior quinquenio (2010-2014). Arreglados los puntos pendientes el consejero Aranburu instó al Estado a empezar a negociar el nuevo quinquenio en el primer trimestre de 2016. En abril, la comisión coordinadora llegó a un acuerdo para crear una subcomisión para, a nivel técnico, desbrozar el camino. A día de hoy esta subcomisión no se ha constituido pese a los continuos requerimientos que se ha hecho desde Navarra.

Que dicha subcomisión no se haya reunido no significa que cada una de ellas no hayan hecho sus números, y aquí es donde tenemos el conflicto. La Administración Central basa sus cálculos en una interpretación del Convenio (Disposición Transitoria 2ª), y en base a ella calcula que la aportación en 2016 es de 616 millones de euros. La Administración Foral aplica el artículo 63.2 que nos dice que en caso de no acordar la aportación año base del Convenio se tira de la última aportación base acordada. Acorde a eso el cierre de 2016 asciende a 520 millones. Así pues no hay incumplimiento del Convenio, sólo diferentes interpretaciones. No obstante, la aplicación del artículo 63.2 ya se utilizó en 2004, 2007, 2013, y 2014, por lo que no hay novedad alguna en utilizar esta interpretación de la ley.

Pero esto no es todo. Durante todo este tiempo, la Hacienda Foral ha realizado un minucioso trabajo y ha determinado que la aportación anual debería oscilar entre 341 millones, en el caso más favorable, y 494 millones en el peor escenario. ¿Por qué esta horquilla? Porque la actual ley del Convenio tiene ya muchos años y es necesario actualizarla. Tal vez sirva con hacer una hoja de cálculo con todas las competencias, mirar cuál es de cuál, y las que son compartidas ver en qué porcentaje están repartidas para en base eso hacer números. Desde luego sería mucho más limpio y transparente que lo que se ha hecho hasta 2015.

Es público y conocido el hecho de que ha habido reuniones y contactos telefónicos a nivel técnico para explicar esta situación a la Hacienda Central. A pesar de todo no se ha avanzado nada en la negociación del año base del nuevo quinquenio 2015-2019 y ya estamos en 2017. Esta prórroga indefinida de la aportación provisional anual aplicando las tesis del Estado supone un grave perjuicio a las arcas forales poniendo en riesgo la viabilidad económica de Navarra. Según esa fórmula en 2016 serían 616 millones, en 2017 más de 700, y así sucesivamente. Una auténtica e injusta ruina con los datos del estudio de la Hacienda Foral en la mano.

Pese a las declaraciones fuera de lugar y altisonantes del tripartito de la oposición, fruto de ver su imagen reflejada en un espejo, hay voluntad de acuerdo entre ambas partes. Ojalá esta voluntad se plasme en una nueva Ley del Convenio, actualizada, más justa y realista. Y ojalá la voluntad de acuerdo alcance también a quienes hablan de “responsabilidad” y no la tuvieron, durante años, para defender realmente los intereses de Navarra, de su autogobierno y del estado de Bienestar que éste nos permite mantener.

Publicado en Diario de Noticias.