Isabel Aranburu critica la centralización de la tramitación de la Renta Garantizada y el IMV
Geroa Bai denuncia en el Parlamento de Navarra que el nuevo modelo dificulta el acceso de las personas más vulnerables a estas prestaciones
Isabel Aranburu Geroa Bai ha mostrado, a través de su parlamentaria Isabel Aranburu, su rechazo a la gestión del Departamento en materia de acceso a la Renta Garantizada y al Ingreso Mínimo Vital durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Navarra.
Aranburu ha cuestionado que, incumpliendo la normativa vigente, se haya trasladado la tramitación de estas prestaciones desde los Servicios Sociales de Base a las Unidades Administrativas de Tramitación vinculadas a la fundación Gizain, una decisión que, según ha señalado, se adoptó de manera unilateral en la pasada legislatura.
La parlamentaria ha criticado que el argumento de “liberar” a las trabajadoras sociales de tareas administrativas no se sostiene, al existir personal administrativo en los propios servicios, y ha apuntado que el menor coste del modelo externalizado parece haber sido un factor determinante.
Asimismo, ha denunciado el reciente proceso de centralización de solicitudes en solo cuatro sedes —Burlada, Tudela, Tafalla y Estella—, lo que ha supuesto pasar de 44 puntos de atención a únicamente 4, obligando a muchas personas a realizar desplazamientos largos y costosos.
En este sentido, Aranburu ha advertido de que esta medida está perjudicando directamente a las personas y familias más vulnerables, que enfrentan dificultades añadidas como la falta de transporte o la brecha digital, lo que puede derivar en la pérdida de solicitudes.
Además, ha señalado que esta reorganización también está afectando a las y los profesionales de los Servicios Sociales de Base, que no han sido tenidos en cuenta en el proceso y continúan siendo un apoyo imprescindible para las personas solicitantes.
Por todo ello, Geroa Bai ha rechazado un modelo que considera carente de planificación y estrategia, y ha insistido en que la gestión de la Renta Garantizada y el IMV debe regirse por criterios técnicos y tener como objetivo prioritario garantizar la mejor protección posible a las personas en situación de vulnerabilidad.
