Isabel Aranburu reclama reforzar los medios públicos para acabar con las listas de espera en la valoración de la discapacidad

La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu ha mostrado hoy, durante la sesión de control al Gobierno, su “enorme preocupación” por la situación del reconocimiento del grado de discapacidad en Navarra, cuyo plazo de resolución ha pasado de los tres meses establecidos en la Cartera de Servicios Sociales a cerca de dos años en los casos ordinarios.

 

Aranburu ha advertido de que este retraso supone “un obstáculo” para que numerosas personas puedan acceder a los derechos, prestaciones y recursos que les corresponden y ha señalado que la situación evidencia “carencias” en la gestión de este servicio que han llevado al sistema “a un punto límite”.

 

La parlamentaria de Geroa Bai ha cuestionado además la respuesta planteada por el Departamento, y especialmente la decisión de contratar equipos externos para poner en marcha un plan de choque. “Externalizar, esto es, privatizar un servicio más, para nosotras no es la dirección. Es ir justo en la dirección diametralmente opuesta a la que debería tomarse”, ha señalado.

 

Aranburu ha reclamado al Gobierno que, si el problema es la falta de profesionales, sea la propia Administración quien incorpore los medios y el personal necesarios. “¿Por qué no puede contratarlos directamente la Administración?”, ha preguntado, cuestionando que el Gobierno recurra a una empresa privada para realizar una función que hasta ahora se ha gestionado directamente.

 

La parlamentaria ha recordado además que los tres partidos que sustentan el Gobierno acordaron para esta legislatura realizar un estudio para establecer una agenda de publificación residencial, con prioridad para los centros de atención a la discapacidad. En este sentido, ha considerado especialmente contradictorio que, mientras no se avanza en esa dirección, se plantee externalizar incluso la valoración de las situaciones de discapacidad.

 

Para Geroa Bai, ha subrayado Aranburu, la atención a las personas con discapacidad debe reforzarse desde lo público y con medios propios, garantizando tanto la calidad de los servicios como unas condiciones laborales adecuadas. “No privatizar la gestión de ningún servicio que ahora mismo sea público es lo mínimo que puede defender cualquier grupo político o Gobierno progresista”, ha concluido.