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Itxaso Soto defiende la regulación del alquiler de habitaciones para frenar abusos y proteger a las personas inquilinas

El Parlamento aprueba la proposición de ley que regula el arrendamiento de habitaciones en Navarra

    Itxaso Soto Itxaso Soto

    La parlamentaria de Geroa Bai, Itxaso Soto, ha defendido este jueves la aprobación de la Ley Foral reguladora del arrendamiento de habitaciones, una medida que busca “evitar el abuso ” y garantizar los derechos de las personas inquilinas ante el aumento de los alquileres por habitaciones.

    Durante el debate parlamentario, Soto ha insistido en que el problema de la vivienda “no se soluciona con una sola medida”, sino mediante una combinación de políticas que incluyan planificación, construcción de vivienda pública, rehabilitación y actuaciones urgentes cuando sea necesario.

    En este sentido, ha señalado que la nueva regulación responde a una realidad creciente: “Hay gente que ve en la especulación de la vivienda una forma de lucrarse económicamente y aprovecha cualquier resquicio para abusar”. Por ello, ha defendido la necesidad de actuar para impedir situaciones que afectan especialmente a las personas más vulnerables.

    “La vivienda no puede convertirse en un negocio basado en la necesidad de otros. No se puede permitir el abuso ni que se trocee un alquiler para obtener un mayor beneficio económico”, ha afirmado.

    Soto ha destacado que la ley equipara los contratos de alquiler de habitaciones destinados a vivienda habitual a las garantías existentes para los arrendamientos de vivienda, incorpora la obligación de registrar los contratos y establece mecanismos para evitar que se eludan los límites de precio en las zonas de mercado residencial tensionado.

    Asimismo, ha recordado que desde Geroa Bai ya se había advertido sobre el aumento de los contratos de temporada y la necesidad de reforzar la inspección y el seguimiento de los datos. “No podemos dar pie a que nadie puentee la ley”, ha señalado.

    Finalmente, la parlamentaria ha defendido que la norma “no atenta contra la libertad de nadie”, sino que “garantiza derechos y atiende a las familias y personas más vulnerables”, situando a las personas inquilinas “en el centro de las medidas de vivienda”.

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