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"Ley de memoria democrática: una oportunidad perdida"

Por Jabi Arakama, parlamentario foral de Geroa Bai y Koldo Martinez, senador autonómico

La reflexión con la que empezamos titulando este artículo no es de nuestra cosecha, aunque estemos de acuerdo con ella. Es la opinión de una asociación memorialista estatal, decepcionada ante lo que pudo haber sido y no es… al menos, de momento. Otros calificativos que entidades como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la Plataforma Contra los Crímenes del Franquismo, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, el Foro por la Memoria o, a nivel más cercano, la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo o Sanfermines 78 Gogoan han empleado son “tibia”, “timorata”, “insuficiente judicial y económicamente”, “tímida”, “cierre en falso que no acaba con la impunidad”, que “consolida la discriminación entre víctimas de diferentes violencias”… y un largo etcétera en este sentido, bien resumido por la siguiente sentencia, que compartimos: “esta ley trae mejoras importantes pero parciales”.

No es de extrañar la postura de las asociaciones de memoria, en primer lugar porque -a pesar del gran trabajo que vienen realizando desde hace décadas- esta ley ignora una parte muy elevada de sus demandas. Como ignora las peticiones que, en forma de enmiendas, distintos grupos de izquierda hemos realizado. Peticiones sistemáticamente rechazadas (hasta 158, en nuestro caso) por unos grupos proponentes que han mostrado una preocupante falta de altura de miras, en su rechazo a sumar adhesiones a una norma que -en este caso, especialmente- necesita del máximo consenso posible.

Porque, si bien es cierto que esta ley recoge novedades importantes, que reconocemos y aplaudimos, como la declaración de ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas, la elaboración de un censo de víctimas (no así de victimarios, aunque realizamos esta petición en el Senado) o la prohibición de las fundaciones franquistas, también lo es que se queda corta en aspectos fundamentales.

Uno de ellos es el del periodo temporal que cubre la ley, que se detiene en el año 1983. Fecha a todas luces insuficiente si lo que se pretende es -tal y como aseguran sus promotores- “cerrar una deuda de la democracia española con su pasado”. Una ley que realmente tenga este objetivo debería comprender la totalidad de vulneraciones de Derechos Humanos por motivaciones políticas sucedidas en nuestro país desde 1936, y no detenerse en una fecha tan aleatoria como incomprensible. Porque quedan fuera de su ámbito de aplicación casos tan significativos y dolorosos para la sociedad navarra como la muerte de Mikel Zabalza en el cuartel de Intxaurrondo, en noviembre de 1985. Decisiones injustas a todas luces, pero por desgracia coherentes con otras propuestas, como el anteproyecto de Ley de Información Clasificada que el Gobierno de España ha aprobado, para sustituir a la franquista Ley de Secretos Oficiales, y que podría alargar hasta 65 años los plazos para la desclasificación de los llamados “secretos de Estado”. Demostrando, por tanto, una nula voluntad política para ofrecer la Verdad a las familias de las víctimas, y menos aún Justicia y Reparación.

Volviendo a la recientemente aprobada Ley de Memoria Democrática, otra actuación difícilmente comprensible ha sido la mención que ésta hace en su disposición adicional decimoséptima -a propuesta de EH Bildu- al Fuerte de San Cristóbal. Mención que pretende, supuestamente, hacer de este espacio un Lugar de Memoria de Navarra, pero que no garantiza dos condiciones necesarias para ello: la redacción conjunta, entre los gobiernos de Navarra y de España, de un proyecto consensuado con las asociaciones memorialistas referido al fuerte (qué se quiere hacer allí, en definitiva, con una perspectiva de medio-largo plazo) y, tan importante como la anterior, concretar quién va a financiar esa inversión, que un estudio de hace cinco años valoraba en 35 millones de euros.

Y mención legal que es innecesaria, tanto a nivel jurídico como político, aportando únicamente confusión. La Ley Foral 33/2013, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936, señala que “El Gobierno de Navarra adoptará las medidas necesarias para la preservación del Fuerte de San Cristóbal y el cementerio del mismo como Lugar de Memoria Histórica en relación con el penal instalado en dicho lugar durante la Guerra Civil y los hechos sucedidos en el mismo”. Por otra parte, la Ley Foral 29/2018, de Lugares de Memoria de Navarra, establece que corresponde al Gobierno de Navarra garantizar la conservación, protección, asesoramiento, mantenimiento y rehabilitación de los lugares de la memoria histórica, así como sufragar los gastos correspondientes para todo ello.

Así pues, contando Navarra con un marco jurídico claro y suficiente para poder intervenir en ese espacio, y sabiendo que el Ministerio de Defensa no tiene ningún interés estratégico por seguir poseyéndolo, no entendemos el empeño de algunos de supeditar su futuro a una ley estatal, en lugar de centrarnos en trabajar conjuntamente para conseguir lo que realmente necesitamos: que el Estado se comprometa a financiar íntegramente las obras de rehabilitación del Fuerte, con carácter previo a su entrega al Gobierno de Navarra, con un proyecto de amplio consenso como base. No tenemos ninguna duda de que el departamento de Relaciones Ciudadanas sabrá gestionarlo de la mejor manera. Como ha hecho, sin ir muy lejos, con la creación de la GR-225, ruta de montaña que sigue el itinerario de los presos fugados en 1938 desde Ezkaba hasta Urepel. O limpiando y saneando el “cementerio de las botellas” situado en la cima del monte, y presentando un proyecto para declararlo Lugar de Memoria. Solicitud denegada por el Ministerio de Defensa, bajo el pseudoargumento de que podría “fomentar una gran afluencia de personal civil que interferirá con la finalidad militar” del Fuerte. Excusa que se comenta sola…

Terminamos, citando un último aspecto de la recién aprobada Ley de Memoria Democrática: su incapacidad para reconocer el trabajo que algunas comunidades llevamos años realizando. En nuestro caso, y aunque no fue hasta el año 2015 cuando bajo el liderazgo político de la presidenta Barkos y la consejera Ollo el Gobierno de Navarra empezó su trabajo en este ámbito, hemos sido pioneros en llevar adelante actividades de sensibilización, en impulsar actos de reconocimiento y reparación de víctimas, en la eliminación de simbología franquista, en la democratización del espacio público junto a entidades locales, en trabajar con los y las jóvenes en el ámbito educativo, en la colaboración con las asociaciones memorialistas, en impulsar exhumaciones y un banco público de ADN, en aprobar una Ley propia de Lugares de Memoria, en realizar investigaciones y un fondo documental sobre todas las formas de represión, como la ejercida contra las mujeres o el colectivo LGTBI, sobre el expolio económico…

Trabajo del que nos enorgullecemos enormemente, puesto que está trayendo algo de verdad y reparación a familias olvidadas durante décadas. Seguir profundizando en él es, además de una obligación legal, un imperativo moral que en Geroa Bai realizamos –y continuaremos realizando- muy gustosamente.

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