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'Romper la mordaza del silencio y el olvido'

Por Mikel Armendáriz, concejal de Geroa Bai en el Ayuntamiento de Pamplona-Iruñea

Mikel Armendáriz Mikel Armendáriz

El 9 de mayo de 2013, hace 3 años, el Ayuntamiento de Iruñea aprobaba una moción en la que se exigía a las instituciones políticas y judiciales que adopten las medidas necesarias para garantizar a los represaliados y represaliadas por la rebelión militar de julio de 1936, el régimen franquista y el terrorismo de estado, el ejercicio de su derecho a la verdad, justicia y reparación.  A su vez, se apoyaba la querella que se seguía ante el Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista.

Con la intención de recuperar lo recogido en aquella declaración aprobada, pero nunca cumplida ni desarrollada, el 27 de noviembre de 2015, a propuesta de las asociaciones Amapola en el Camino y Autobús de la Memoria, se aprobó una nueva moción en la que el Ayuntamiento de Iruñea se comprometía a iniciar en colaboración con los grupos proponentes y cuantos grupos, entidades o ciudadanos en general quieran sumarse, los trabajos para la interposición en su momento de una querella ante los juzgados instrucción de Pamplona.

En eso estamos trabajando, y en eso estamos dando pasos. Entre estos pasos, está la firma del acuerdo con la UPNA que dará luz a los testimonios y servirá de base para la presentación de la querella.

Es evidente que tanto el Código Penal vigente, que no sería de aplicación en este caso, como el Estatuto de Roma, que sí lo sería y que es el instrumento que constituyó la Corte o Tribunal Penal Internacional,  establecen la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio y de lesa humanidad.

A su vez la Ley 46/1977 de 15 de octubre, conocida como Ley de Amnistía, ley a la que se acude para obviar el reconocimiento a la verdad, justicia y reparación de los represaliados y represaliadas por la dictadura franquista, no puede ser excusa. No puede ser excusa más teniendo en cuenta que organizaciones como Human Rights Watch y Amnistia Internacional,  e instituciones como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, han pedido a España la derogación de la ley por incumplir la normativa internacional sobre derechos humanos al impedir juzgar delitos de los considerados imprescriptibles.

Es indudable que queda un gran camino por recorrer, pero nos tenemos que quedar con una frase que a nuestro parecer recoge el espíritu de la moción aprobada. La dijo el representante de las asociaciones Amapola en el Camino y Autobús de la Memoria, en el pleno del 27 de noviembre de 2015 en el que fue aprobada la moción para interponer una querella ante los Juzgados de Instrucción de Pamplona: "Entre todas y todos,  incluyendo las instituciones públicas, debemos romper la mordaza del silencio y del olvido sobre unos hechos que son catalogados por el derecho internacional como delitos contra la humanidad, sobre los que no cabe prescripción alguna ni leyes de punto final”. 

Publicado en Diario de Noticias.

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