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Geroa Bai propone modificar la ley de secretos oficiales para que cumpla con la transparencia y proporcionalidad exigible a un estado democrático

La parlamentaria Blanca Regúlez afirma que “hechos como la desaparición y muerte de Mikel Zabalza o los asesinatos del GAL deben salir de esta ley”

    Blanca Regúlez Blanca Regúlez

    Geroa Bai ha propuesto una iniciativa en el Parlamento de Navarra con el objetivo de modificar la Ley de Secretos Oficiales y que ésta cumpla con la transparencia y proporcionalidad exigible a un Estado democrático.

    Blanca Regúlez, parlamentaria de la coalición, afirma que “hechos del pasado como las actuaciones del Estado durante la dictadura franquista, la transición, los ocurridos el 23 de febrero de 1981, la desaparición y muerte de Mikel Zabalza o los asesinatos del GAL deben salir definitivamente de esta ley”.

    “Después de décadas, éstos y otros casos no pueden seguir tapados por un manto de silencio e impunidad. La sociedad debe y merece conocer qué ocurrió”, señala Regúlez, que añade que “se impone una desclasificación por higiene democrática”.

    “Una desclasificación que, como recoge Amnistía Internacional, previene a futuro la violación de derechos humanos, avanza en la investigación de violaciones de derechos humanos, garantiza el derecho a las víctimas a la verdad, justicia y reparación y posibilita garantías de no repetición”, apunta.

    Regúlez asegura que “tras 53 años de su publicación y 43 años de su reforma, es necesario que la Ley de secretos oficiales sea adaptada a la sensibilidad a valores como la transparencia, proporcionalidad y necesidad exigible a un Estado social y democrático de derecho, así como al derecho a la información y a la libertad de expresión recogidos en tratados internacionales”.

    Por todo ello, en la moción registrada en la Cámara foral, Geroa Bai solicita que el Parlamento de Navarra inste al Gobierno de España “a realizar las modificaciones legales pertinentes para que en la Ley de Secretos Oficiales se cumpla con los parámetros internacionales de transparencia, proporcionalidad y necesidad exigibles a un Estado democrático y con el derecho a la información como derecho fundamental de la sociedad con respecto a las actuaciones realizadas por el Estado”.

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