Koldo Martínez insta a que sea el Estado quien tenga la obligación de acometer la exhumación y apertura de fosas comunes de la guerra civil

Koldo Martínez, senador autonómico por Navarra y miembro de Geroa Bai, ha  registrado una moción sobre Memoria Histórica para su debate en la comisión de Justicia en nombre del grupo Parlamentario Izquierda Confederal al que pertenece. Concretamente, el texto de la moción “insta al Gobierno Central a modificar la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, con el objetivo de reconocer que la exhumación y apertura de fosas comunes es una tarea de responsabilidad pública y, por tanto, es el Estado quien tiene la obligación y el deber de acometer esa tarea”.

Según el texto de la moción, antes de aprobación de la citada ley fueron las familias y las asociaciones quienes tuvieron que afrontar “las consecuencias de la dictadura, y recorriendo campos y cunetas han ido abriendo fosas y emparejando huesos y sentimientos. Semejante responsabilidad ha recaído en esas familias hasta el 2007, año en que se aprobó la citada ley”.

Sin embargo, con los gobiernos del PP, esa Ley fue vaciada de contenido y, sin partida presupuestaria para desarrollarla, quedó totalmente bloqueada. Las comunidades autónomas, a través de sus propias leyes, han ido desarrollando una política necesaria en materia de memoria histórica. El primer territorio en aprobar una ley de estas características fue Navarra en el año 2013, y desde entonces la mayoría de las CCAA disponen de normativas propias “que suplen ese vacío estatal”. En 2015, el Gobierno de Navarra liderado por Uxue Barkos, asumió además la responsabilidad institucional de poner en marcha políticas de Memoria en torno a las exhumaciones, la identificación de los asesinados, la reparación de las víctimas y los actos de reconocimiento.  “En este sentido -continúa el texto de la moción-, todas las CCAA con leyes o decretos sobre el tema, han entendido que cuando se exhuma a alguien y se entregan sus restos a sus familias no solo se está abordando un problema particular  o íntimo, sino que hacerlo implica afrontar un problema colectivo de primer orden”. 

Por todo ello, el segundo punto de la moción “insta a actualizar la Ley 52/2007 y a seguir el camino de las CCAA en diversos aspectos recogidos en las leyes y decretos autonómicos sobre Memoria Histórica”.

 Según Koldo Martínez, urge reactivar las políticas públicas de memoria que debe desarrollar el Estado español, ya que, “abordar definitivamente y para siempre las tareas pendientes con estas víctimas ayudará a anclar nuestra democracia a un suelo estable, porque un buen antídoto para las ideas antidemocráticas es la memoria”, concluye en argumentario de la moción.