Koldo Martínez pide en el Senado que el Estado repare económicamente a las víctimas del expolio franquista

El senador autonómico, Koldo Martínez, ha presentado una moción en el Senado instando al Gobierno a que amplíe los efectos de la ley de Memoria Democrática para contemplar la reparación económica a las víctimas del expolio franquista y para que se modifique la Ley de Secretos Oficiales, de modo que se desclasifiquen documentos que puedan arrojar luz sobre acciones de represión que aún se mantienen ocultas.

El senador autonómico de Navarra, Koldo Martínez (Geroa Bai), ha hecho una valoración positiva del proyecto de ley aprobado por el Gobierno y que deberá ser debatido en las dos cámaras, Congreso y Senado, pero considera que hay aspectos importantes que no recoge.

“El proyecto avanza en la reparación de las víctimas y responde a las iniciativas que organismos internacionales como las Naciones Unidas hicieron a España en este ámbito. Valoramos también positivamente la creación de una Fiscalía en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática, pero echamos en falta aspectos que consideramos esenciales que impiden totalmente el conocimiento de la verdad de los hechos y la reparación a las víctimas” ha señalado Koldo Martínez.

Y es que el proyecto de ley presentado por el Gobierno recoge que no se podrán derivar “efectos para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, de cualquier administración pública o de particulares, ni dar lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional”. Eso a juicio del senador de Geroa Bai supondría “perpetuar la injusticia que se cometió con las personas cuyos bienes fueron expoliados por el gobierno ilegítimo de Franco simplemente por razones ideológicas y en muchos casos, por venganza o intereses espurios de los ganadores que decidieron quedarse con las propiedades de sus vecinos”.

Koldo Martínez insta también al Gobierno a modificar la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, así como la Ley de Protección de Datos, de Patrimonio Histórico Español, memoria Histórica y las sucesivas de Transparencia para que, mediante una desclasificación, como máximo, a los 25 años para el material secreto y de 10 años para el material calificado como reservado, sea posible conocer la verdad de los hechos, fundamento de cualquier política pública de memoria democrática.