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Martínez pregunta al Gobierno si contempla acometer reformas legislativas en la Administración de Justicia tal y como recoge el documento de trabajo elaborado por el CGPJ recientemente

El senador autonómico por Navarra ha presentado una iniciativa en la Cámara Alta para conocer si el ejecutivo “velará para que los derechos constitucionales no se limiten poniendo como excusa un eventual atasco en la Administración de Justicia”

Koldo Martínez Koldo Martínez
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Tras la difusión del documento de trabajo elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de fecha 7 de abril, titulado “Documento de trabajo sobre medidas organizativas y procesales para el plan de choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma”, el senador por Navarra y miembro de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de España para conocer si “contempla acometer reformas legislativas en la Administración de Justicia sin el previo consenso con todos los grupos y agentes implicados”.

Martínez ha mostrado su “incertidumbre y  preocupación” porque, “además de haber sido diseñado, por lo que sabemos, sin tener en cuenta al resto de operadores jurídicos”, el mencionado documento “representa una reforma legislativa y procesal encubierta que en modo alguno se justifica ni se puede admitir en la forma planteada”.

Según el argumentario de la iniciativa, “las modificaciones propuestas por el CGPJ vulneran el principio de jerarquía normativa en una reforma que se pretende materializar fuera de los cauces establecidos, y de acuerdo con un estado de alarma que, obviamente, habrá cesado al momento de entrar en vigor los cambios legislativos propuestos, y son, por tanto, medidas que no vienen a solventar el posible colapso una vez que se termine el estado de alarma, sino que parecen estar planteadas con vocación de permanencia”.

Por ello, Martínez pregunta al Gobierno si “velará para que los derechos constitucionales no se limiten poniendo como excusa un eventual atasco en la Administración de Justicia”.

 

Derecho  a la tutela judicial efectiva

Asimismo, según el texto de la iniciativa, “en muchos casos, las propuestas afectan al propio diseño de nuestro proceso, a los principios que lo configuran y a derechos fundamentales como el de acceso a los tribunales y a obtener de ellos una resolución fundamentada en derecho por parte de la ciudadanía”, por lo que también desea conocer si el Ejecutivo “velará para que las posibles reformas no limiten el derecho de la ciudadanía a acceder a la tutela judicial efectiva ni a su derecho a un juicio justo”, ya que, de lo contrario, se “vería gravemente limitado su acceso a la justicia como servicio público de defensa de sus derechos e intereses”.

Por último, Martínez pregunta si el Gobierno “velará para que el acceso a la Justicia por los más desfavorecidos, derecho a la asistencia jurídica gratuita, no se vea limitado en las reformas que pudieran establecerse”.

“Las reformas procesales que se proponen en este plan de choque –concluye el senador por Navarra– parecen tener como única finalidad la obtención de unos hipotéticos resultados positivos en cuanto al alivio de trabajo en los órganos judiciales creados por la paralización del estado de alarma, sin tener en cuenta que los juzgados ya están colapsados por años de total desidia y no inversión tanto en recursos humanos como económicos en Justicia”.

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